Revisando los recientes acontecimientos registrados durante el pasado feriado de Carnaval tenemos, necesariamente, que existe responsabilidades compartidas entre los ciudadanos que demandan servicios y las autoridades seccionales o nacionales que tienen la obligación de otorgarlas.
Lo ocurrido en Salinas y Salitre está lejos de ser fortuito culpando a la crudeza invernal desatada casi en todas las regiones del país y, más bien, nos está demostrando una falta de previsión, ausencia de programas y proyectos para prodigar a las comunidades de servicios básicos y fundamentales en saneamiento ambiental y salud pública.
Los denominados Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) como se reconoce hoy a las Municipalidades y Consejos Provinciales se han desentendido del manejo adecuado de los desechos de las poblaciones menores, carecen de botaderos sanitariamente construidos y apenas recogen la basura en volquetas destartaladas y la arrojan en barrancos más allá de los últimos caseríos y cerca de los ríos.
Abrir un boquete cruzando calles hasta llegar al mar para desfogar en el mar las aguas lluvias estancadas por el taponamiento de las alcantarillas –por la mala disposición de la basura—y acumular basurales con sus lixiviados en los arrozales es atentar contra la salud de las familias de las ciudades rurales sabiendo de sobra que no es eficiente el sistema de salud pública.
La responsabilidad la comparten las autoridades seccionales que autorizan superar los estragos de las lluvias con daños mayores y, fatalmente, los pueblos que permiten estos absurdos que las leyes –no solo que no lo permiten– castigan. Allí radica el poder ciudadano, que tanto necesitamos ejercerlo.
